Culiacan.- The president of the Constitutional Points Commission of the Chamber of Deputies, the Morena member Juan Ramiro Robledo, reported that the draft opinion of the reform to the Judicial Branch would be ready on August 15, with the objective of beginning its discussion and eventual approval.
Closing the last discussion forum of the presidential initiative in Culiacán, Sinaloa, Robledo announced that the project will include three essential elements that allow maintaining the essence of the proposal.
“There are three things that had to be respected so that the initiative would not cease to be the initiative. One, the method of electing the country’s judges. Two, making very clear the independence of the Judicial Branch and the other two branches of the country. And three, unrestricted respect for the rights of the workers of the Judicial Branch in Mexico,” he said.
The Morena member reported that the procedures, calendars, calls, election formulas, eligibility and suitability criteria, as well as the dimensions of the new bodies to be created, are under discussion.
Starting tomorrow, he said, they will begin designing the draft opinion, which, he assured, will reflect many of the presentations made at the forums.
“There is a compilation of all the proposals, we have noted the main ones, many of them are coincidental and will be reflected, in a few days the whole country will see it, they will read it in a report that modifies in very important parts the initiative of the Executive while preserving the essential substance of the proposal,” he explained.
He said that the document could be ready on August 15th so that it can be distributed among the members of the Commission that he presides, which would allow discussion to begin up to one day later.
“Starting on August 15, perhaps one or two days later, we will be able to have a document circulated so that, following the constitutional procedure, the members of the Constitutional Affairs Committee can read it, study it, form an opinion, arm themselves with arguments and, then, a few days later, we will meet to discuss, and discuss, and discuss until we find the best reasons to reform the Constitution on this issue,” he said.[[¡Descartan incorporar procuración de justicia y seguridad pública
Aunque reconocieron que la propuesta de reforma judicial enviada por el presidente no considera temas como la procuración de justicia y la seguridad publica, morenistas rechazaron discutir ambos temas como parte de las modificaciones al Poder Judicial.
Durante el foro el senador Ricardo Monreal informó que junto con el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, trabajan en un paquete de reformas en ambas materias.
Sin embargo, puso en duda que éste forme parte de la discusión en torno al Poder Judicial.
“Es una propuesta de reforma profunda que estamos tratando de revisar y que es producto de una propuesta del Ministerio Público o Fiscal General de la República () y que no sabemos si podemos incluirlo en la próxima discusión sobre esta iniciativa, porque es un tema profundo el de la procuración de justicia y la seguridad pública”, expresó.
Monreal detalló que el paquete de reformas incluye modificaciones al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva, en materia de extinción de dominio, de desaparición forzada y en materia de reclutamiento forzado, que normalmente se realiza a través del crimen organizado.
Además, considera cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a la Ley de Migración, a la Ley General de Salud en materia de fentanilo, a la Ley de Amparo, para que el Ministerio Público pueda tener el carácter de quejoso para efectos de juicio de amparo, a la Ley de Delincuencia Organizada, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La senadora electa por Morena y futura Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, reconoció que la iniciativa del presidente no incluye temas como la procuración de justicia y la seguridad pública, pero tampoco es viable que puedan abordarse en el escenario inmediato.
“El tema que hoy llama a este foro no está en la iniciativa y no está tampoco en el escenario inmediato como para decir que se va a incorporar, sería irresponsable que así se hiciera, porque es un tema que al igual que la reforma al Poder Judicial, requiere de mucho trabajo”, afirmó.
Godoy afirmó que los foros que finalizaron este jueves no fueron un diálogo de sordos y adelantó que le propuesta presidencial tendrá diversas modificaciones, aunque no especificó cuáles.
“Hay muchos cambios a la iniciativa, yo digo: va a haber muchos cambios porque yo he visto lo que han estado haciendo (en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados)”, dijo.
Marlene Ángeles Tovar, representante de los trabajadores del Poder Judicial de Sinaloa, llamó a los legisladores a voltear a ver a las Fiscalías y a las policías del país, ya que sus deficiencias impactan el desempeño del Poder Judicial.
Lamentó que a los jueces se les tache de corruptos por liberar a personas, a pesar de que estas decisiones dependen de las pruebas que presentan las Fiscalías.
La jueza advirtió que las fiscalías no cuentan con la sensibilidad necesarias para tratar a las víctimas y acusó a las policías de realizar detenciones arbitrarias y desapariciones.
“A las víctimas de este país hay que escucharlas, porque van a las Fiscalías y ni siquiera tienen sensibilidad, a una víctima de delitos sexuales piden que describa las circunstancias de la situación que vivió, las policías realizan detenciones arbitrarias o desapariciones, el debate actualmente se da entre justicia,seguridad, derechos humanos. ¿Vamos a sacrificar derechos humanos para dar resultados a la nación? Es peligroso.
“Es peligroso que nos digan que somos corruptos porque se liberó a una persona, cuando no había pruebas, no existe la presunción de culpabilidad, existe la presunción de inocencia y nosotros nos basamos en pruebas, por favor, Fiscalías, la sociedad les demanda que presenten pruebas”, dijo.
Tovar señaló que ante los señalamientos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial habría que preguntarle al ex Ministro Arturo Zaldívar qué hizo para combatir dicha práctica, ya que era el encargado de la política contra el nepotismo.
“Hay que preguntarle al Ministro Zaldívar, que fue el encargado de la policía contra el nepotismo, hay que preguntarle qué mas hizo, porque él fue el encargado, lo que se le ocurrió fue que para actualmente realizar contrataciones, necesitamos pedir autorización a un Comité de Ética”, indicó.
Demandó que si existen jueces corruptos o nepotismo al interior del Poder Judicial se presenten las pruebas necesarias para destituirlos.
Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, advirtió que la discusión sobre la justicia en el país no puede centrarse solamente en el Poder Judicial cuando las carpetas de investigación no están bien integradas y cuando las fiscalías no cuentan ni con papel para trabajar.
Indicó que actualmente una víctima del delito puede tardar entre cuatro y 10 horas en denunciar un delito y en muchas ocasiones las instalaciones no cuentan con baños limpios o que funcionen.
La especialista recordó que las fiscalías y a los Poderes Judiciales locales atienden el 95 por ciento de los casos en materia penal, mientras a nivel nacional el nivel de impunidad es del 99 por ciento.
“Insisto, no podemos tener una carpeta de investigación que vaya ante un juez de control si no está debidamente integrada”, reiteró.
La fiscal General de Sinaloa, Sara Quiñones, coincidió en la necesitad de una reforma judicial; no obstante, subrayó la estrecha relación que existe entre ésta y la procuración de justicia y la seguridad pública.
“La coordinación entre las in
stituciones encargadas de la procuración de justicia y las fuerzas de seguridad es esencial para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana”, dijo.
Ante ello, llamó al fortalecimiento de las fiscalías, dotándolas de mayores recursos que les permitan el incremento del capital humano, profesional y especializado que les permita una mayor cobertura y puedan desempeñar su función de manera eficaz y con mayor prontitud ante el constante incremento de casos sin resolver.
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